24 may. 2018

Telefónica (Movistar) abusiva y morosa




Hace casi 30 años se privatizó el servicio de teléfonos en el Perú. Desde ese momento la empresa Telefónica ahora conocida como Movistar ha cometido y comete muchos abusos contra los peruanos que usan la telefonía fija, celular, internet y tv por cable. Pero no solo eso, hace tiempo denuncié que esta empresa llevaba doble contabilidad para burlar el pago de impuestos y derechos a favor de nuestro país, pero malos fiscales archivaron la denuncia sin tener en cuenta documentos que presenté que demostraban los hechos ilícitos.

Pero el asunto no solo queda ahí, ahora es la principal deudora de impuestos y otros conceptos al Estado. Es deudora por impuesto a la renta, intereses legales y conceptos por uso de satélite. La suma global que adeuda es cercana a 7 mil millones de soles, más de 3 veces el monto que dice que pagó por la compra de la concesión en los años noventa del siglo pasado. La Corte Suprema tiene cerca de 10 procesos en trámite y esperamos que sus jueces resuelvan conforme a ley y cautelando los intereses nacionales, sino estarán actuando irregularmente.

Hoy deberán resolver una causa sobre el uso de satélite que se niega a pagar la empresa morosa y dependerá de los jueces supremos si el Perú cobra cerca de 300 millones de soles por el concepto mencionado. Por pago de intereses suman cerca de 5 mil millones de soles, respecto a lo cual también la Suprema Corte deberá también resolver.

No entendemos como así una empresa morosa, abusiva y que utiliza incluso el deporte y otras actividades culturales para lavarse la cara, puede seguir prestando, en estas condiciones, el servicio de telefonía y otros. Obviamente esto huele a corrupción y debe aclararlo tanto este gobierno como el ministerio de transportes porque no toma las medidas correctivas. 

Así estamos en nuestro país: sin autoridad, con omisiones y con corrupción generalizada. Señores jueces, háganle justicia al Perú pronto y hagan pagar el dinero que debe esta empresa que, coludida con presidentes y congresistas, ha conseguido impunidad y dinero a costa de los bolsillos de los millones de peruanos. Finalmente, es necesario investigar por qué el ex ministro de transportes Paredes acusado también de otras irregularidades, amplió el plazo de concesión de Movistar o Telefónica, durante 30 años, teniendo en su haber solo abuso y millonaria deuda a favor del Perú. Todo esto lo vengo reclamando y accionando hace años atrás, pero ni los gobiernos ni congresos toman cartas en el asunto, más bien se convierten en sus vergonzantes protectores. No hay mal que dure cien años, reza el dicho popular, ojalá que no esperemos más.


16 may. 2018

Congreso se tumba ley de alimentación saludable



Los males cardiacos, el cáncer, obesidad y otros, son un problema de salud pública que debe ser tomado en cuenta por las autoridades con acciones rápidas y responsables. Los males referidos suceden por la mala alimentación y se han incrementado durante los últimos años sin que existan leyes que puedan ayudar a tomar medidas para evitarlos.

Este jueves se cumplirán cinco años desde que la Ley de Alimentación Saludable (30021) se publicó en mayo del 2013. Esta ley está solo en papeles y, por tanto, no se puede poner en práctica. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuatro años más tarde, emitió el 17 de junio del 2017, el tan reclamado reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Desde ese entonces, para beneficio de las grandes empresas, el fujimorismo ha intentado modificar y derogar la mencionada ley.

El día de ayer en la comisión de defensa al consumidor, con maniobras, se colocó como primer tema de agenda un dictamen de insistencia, que persigue dejar sin efecto la ley de alimentación saludable, eliminando los octógonos de advertencia alto en azúcar, alto en grasa y alto en sodio. Se pretende reemplazar esto por el llamado semáforo nutricional que nadie lo entiende y que ya se encuentran en los envases de los alimentos industriales sin que haya cuidado en la salud de los peruanos. En este sentido, no se han aceptado las observaciones hechas no solo por el Poder Ejecutivo, sino también por organizaciones institucionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, profesionales y especialistas que hacen serios reparos al semáforo nutricional y consideran un atentado la eliminación de los octógonos de advertencia mencionados líneas antes.

Como se dijo, se puso como primer punto de la sesión del día esta ley, habiendo estado en quinto lugar, el presidente de la comisión de defensa al consumidor adelantó el tema y casi sin debatir lo votó con asistencia de congresistas fujimoristas que luego de votar a favor de las grandes empresas, se retiraron de la comisión. Eso demuestra que hubo un lobby descarado para favorecer a los intereses económicos y no la salud de los peruanos.

El siguiente paso será debatir este importante tema en el pleno del congreso que tendrá la última palabra. Es necesario agregar que es irresponsable ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, quienes ya han advertido en muchas oportunidades lo nocivo que podría ser que la ley de alimentación saludable se modifique porque atentaría contra la salud pública, contra los niños y contra la población peruana que padece de males mencionados líneas antes. Estamos advertidos, ya sabemos que el fujimorismo legisla a favor de intereses privados y no a favor de los grandes intereses nacionales.

10 may. 2018

Gobierno suelta gasolinazo, sube impuestos de los combustibles en 38% que encarecerá costo de vida y golpea economía familiar. Recauda más fácil y antipopular.


Están haciendo Caja Fiscal a costa de economía de la población

GOBIERNO SUELTA “GASOLINAZO” SUBIENDO ISC A LOS COMBUSTIBLES HASTA EN 38%



Recaudación de ISC a los combustibles representa el 74.6% de toda la recaudación por ISC.

El gobierno del presidente Vizcarra, ha soltado un “gasolinazo” mediante el Decreto Supremo 094-2018-EF, al incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que pagan los combustibles hasta en un 38%, que afecta a más  de 14 clases de estas gasolinas. La verdadera razón para esta alza  indiscriminada es  recaudar mayores ingresos fiscales, sacrificando la economía popular. En efecto, los ingresos por ISC a los combustibles el año 2017 ascendieron a S/ 1,932 Millones; pero ahora con este “tarifazo” tendrán ingresos  en el corto plazo por un monto aproximado de S/ 734 Millones adicionales, que será dinero sacado de los  bolsillos de todos los peruanos. El MEF decidió incidir en los combustibles, porque son el commodity que dan los mayores ingresos por ISC. Así, de los S/2,588 Millones por ISC que se recaudó el año 2017, el 74.6% corresponde a los combustibles.

También se ha gravado los vehículos nuevos y usados mediante el Decreto Supremo 095-2018-EF. Así los vehículos a gasolina que sean nuevos pagarán una tasa de 10% de ISC; y los vehículos a gasolina usados, pagarán una tasa de 40%. Los vehículos nuevos a diésel han sido afectados con una tasa de 20%, y los usados con una tasa del 40%.

Nadie discute la racionalidad de la medida de gravar con una mayor tasa a los combustibles que más contaminan; pero esto no justifica que se incrementen estas tasas por urgencias de la caja fiscal; porque los impuestos a los combustibles tienen un efecto inflacionario inmediato y se trasladan a todos los precios de la economía, comenzando con los precios de los pasajes de transporte público, y con los productos de primer necesidad de la canasta familar; lo que es más grave en un  contexto donde las remuneraciones no se reajustan con el costo de vida. A esto hay que agregar, que no es el mejor momento para “paquetazos” tributarios, porque la economía del país está estancada, pues tanto la inversión privada como la pública, han tenido tasas negativas de crecimiento en los últimos tres años.

El que el gobierno se haya puesto como meta subir la recaudación tributaria del lamentable 13% en el que estamos, a 15.3%, hacia el 2021, no significa hacerlo a expensas de gravar y empobrecer la economía de todos los peruanos; menos aún cuando la pobreza ha subido (se ha situado en 21.7%), y están en riesgo de volver a ser pobres el 40% de la clase media vulnerable.



¿Quién controla a la Contraloría?



Nelson Shack fue designado como el nuevo contralor general de la República el 20 de julio del pasado año, después de que se destituyó del cargo Edgar Alarcón por graves cuestionamientos de corrupción. Desde el inicio de su gestión prometió gestionar una nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control para reestructurar la contraloría, enfocándose en la lucha contra la corrupción. Además, dijo que era imprescindible que el órgano de control cuente con un mayor presupuesto puesto que el que manejaban era insuficiente.

El Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría (Ley N° 30742) por lo tanto, el parlamento brindó el apoyo a esta entidad para que cuide los recursos del Estado y luche contra la corrupción. A solo unos días de ser nombrado Martín Vizcarra, como nuevo Presidente Constitucional del Perú, se promulgó la mencionada ley desde palacio de gobierno, junto con el presidente del congreso y otros parlamentarios fujimoristas, apristas y del frente amplio.

Por otro lado, el nuevo gobierno ha dispuesto que gobernará bajo medidas de austeridad para ahorrar millones de soles al recortar gastos insulsos en materia de bienes y servicios. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha decidido inflar notablemente su planilla de altos funcionarios, creando burocracia dorada al amparo de la mencionada Ley de Fortalecimiento y del Sistema Nacional de Control.


En efecto, en su nuevo Reglamento de Organización y Funciones, publicado esta semana, la contraloría ha cambiado su organigrama, mediante el cual ha incrementado en más del 30% el número de altos funcionarios de esa institución, que tiene uno de los sueldos más elevados del Estado. Han pasado a tener dos vice contralorías, de tener solo 12 gerencias a 18; de contar con 34 departamentos se aumentó a 53 subgerencias y subdirecciones.


Cada una de las 53 subgerencias y subdirecciones creadas supone la contratación de igual número de altos funcionarios con sueldos elevados, quienes a su vez tendrán a su cargo a diversos colaboradores. ¿Es esta la reforma austera qué quiere llevar a cabo la contraloría para combatir la corrupción? ¿Una reforma de sueldos dorados? Esto nadie lo denuncia, ni nadie parece querer darse cuenta. Hay un silencio cómplice del gobierno, del congreso y de la misma prensa. Hay que agregar que el hecho de que en la contraloría están ingresando funcionarios públicos cercanos al fujimorismo contamina políticamente esta importante institución. Cada vez peor.

ANTES:


AHORA:


25 abr. 2018

Multas de INDECOPI a favor de consumidores.



Las asociaciones de consumidores y ONG’s hacen defensa de los usuarios afectados. Por su parte, Indecopi sanciona a las empresas infractoras con multas, de las cuales, un porcentaje es destinado a estas asociaciones, pero no a favor de los ciudadanos que fueron víctimas de las empresas.  Así es, lamentablemente, las víctimas no son reconocidas.

Para corregir esta situación, y sobre todo, para que los ciudadanos reciban también parte de las multas impuestas por Indecopi a las empresas, el 24 de agosto del 2016, a solo un mes de empezar el nuevo período parlamentario 2016-2021, presenté un proyecto de ley N°123 que propone que las multas que impone Indecopi sea también a favor de las personas afectadas. Los consumidores o usuarios, con este proyecto de ley tendrían derecho a percibir hasta el 25% de la multa que imponga el Indecopi al proveedor en todos los procesos administrativos donde intervengan como partes.

Es urgente su aprobación en la comisión de Defensa al Consumidor para proteger a los consumidores víctimas de abusos por parte de las grandes empresas. El hecho de que proyectos como estos no sean vistos con mayor premura denota que los lobbys en política están por encima de los derechos de los consumidores.

Esta norma debe modificarse para que parte de esa multa se dé en concepto de pre indemnización para reconocer parte de los daños causados. El país necesita avanzar y la aprobación de este proyecto representaría una buena decisión a favor del bienestar de los ciudadanos y para que las personas se animen a denunciar más los abusos cometidos por las empresas.

Actualmente, la ley vigente no permite otorgarle una parte de la multa al ciudadano, Indecopi se queda con el monto total. El Estado no quiere realizar cambios para que los ciudadanos vivamos mejor, cede ante las presiones de los intereses económicos. El libro de reclamaciones, es un ejemplo, los proveedores no envían las quejas a Indecopi, entonces solo se hacen efectivas si el ciudadano las comunica por sus propios medios ante el organismo que debe cumplir con su función principal; proteger los derechos de todos los consumidores. Con los cambios propuestos, lograremos más justicia en la economía familiar, lo que es necesidad apremiante hoy porque el INEI ha referido que la pobreza se ha incrementado del 20 al 21% en el Perú.




18 abr. 2018

Comisión de Ética debe ser totalmente reorganizada para acabar con irregulares “ blindajes”.


Acción Popular renunció en diciembre, seguida luego por tres Bancadas.


Presidencia no debe tenerla fujimorismo, y debe haber un miembro por cada grupo político.

El congresista Yonhy Lescano, ha reiterado su pedido a la Junta de Portavoces, al Presidente del Congreso, y a la propia Comisión de Ética, para que este grupo de trabajo sea reorganizado totalmente. Dicho pedido ha sido requerido por escrito en múltiples oportunidades desde diciembre pasado en que Lescano renunció a la indicada Comisión, seguido después por los representantes de tres bancadas parlamentarias (PPK, APP y Frente Amplio) por el irregular “blindaje” que realizaba el grupo fujimorista a favor de sus congresistas que habían incurrido en inconductas graves tales como la presunta comisión de delitos, falsificación de documentos, incumplimiento de sentencias judiciales, obstrucción de diligencias fiscales etc, a quienes archivaban sus expedientes, una y otra vez, abusando del hecho de ejercer la presidencia de la Comisión y tener la mayoría. Ante este estado anómalo de cosas, fue el mencionado parlamentario de Acción Popular, quien solicitó repetidamente la reorganización de la Comisión de Ética para que el grupo Fuerza Popular deje de presidirla, y los miembros sean uno por cada bancada parlamentaria.

Hay que recordar que hace casi un año (mayo del 2017), renunció su primer Presidente, el congresista fujimorista Segundo Tapia, porque ya entonces la abusiva política del “blindaje”, causaba problemas inclusive en el Pleno del Congreso, cuando se discutían los informes de esta Comisión. A ello siguió, la renuncia irrevocable del segundo presidente de la Comisión, Juan Carlos Gonzáles, el 04 de abril pasado, luego de que en la sesión del 02 de abril, nuevamente la bancada fujimorista, ciega y sorda a los indicios y pruebas, y al clamor ciudadano, archivó el expediente de la congresista Yesenia Ponce por falsificación de documentos y pruebas falsas sobre sus estudios secundarios, y archivó también –de plano, sin siquiera abrir una indagación- el caso de los congresistas Salgado, Becerril y Bartra, que habían obstruido el 07 de diciembre del año pasado la diligencia de allanamiento dirigida por el Fiscal José Domingo Pérez, en dos locales de Fuerza Popular, ordenada por una resolución judicial.

El grupo fujimorista, en la última sesión de Etica del 02 de abril, votó los archivos mencionados, inclusive en violación del compromiso de la Junta de Portavoces, de no discutir esos temas, sino únicamente el caso de los denominados “mamanivideos”, por lo que tales archivos deben ser declarados nulos, en su oportunidad.