15 sept. 2017

Multas que impone Indecopi a favor de los consumidores.

Yonhy Lescano

A casi siete años de la vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571), la experiencia muestra que es indispensable introducir una modificación para que un porcentaje de las multas que pone Indecopi a los proveedores sea para los consumidores.   Actualmente este beneficio es sólo para las asociaciones de consumidores registradas ante Indecopi, y que hayan celebrado un convenio de cooperación institucional con esta entidad, pudiendo recibir hasta el 50% de la multa impuesta, de acuerdo al artículo 156 del indicado Código. El problema es que son pocas las asociaciones de consumidores inscritas, y de éstas, aunque parezca increíble, sólo una –a nivel nacional- es la que acapara las multas. Efectivamente, de acuerdo a cifras oficiales de la Autoridad Nacional de Consumo, en el período del 2010 al 2015, sólo una asociación recibió en total cerca de S/ 800,000 por concepto de multas en los procesos que promovió, mientras que la segunda asociación de consumidores beneficiada –muy atrás- recibió  en el período 2011-2013 apenas un poco más de S/ 19,000. Y no hay más.

Esta realidad indica que las multas no deben beneficiar sólo a las asociaciones de consumidores, ya que en la práctica se termina favoreciendo a unas pocas; sino que además, y principalmente, se debe buscar beneficiar a los consumidores, es decir, que un porcentaje de las multas de Indecopi debe  entregarse directamente a  estos, en los procesos donde  son parte activa. Por esto, hemos presentado el Proyecto de Ley 123/2016-CR que propone que los consumidores perciban hasta el 25% de la multa que imponga Indecopi a un proveedor, en un proceso administrativo donde dicho consumidor es denunciante.


Actualmente, el consumidor no recibe –en sede administrativa-  ningún tipo de compensación rápida por la afectación de sus derechos, y sólo se benefician con las multas el propio Indecopi y unas pocas asociaciones de consumidores. Si el consumidor pretende algún tipo de resarcimiento económico tendría que presentar una demanda de daños y perjuicios contra el proveedor, ante el Poder Judicial que sería incierta y demoraría largos años. Esto es profundamente inequitativo y violatorio del artículo 65 de la Constitución que dispone que “el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios”, norma que en el  aspecto económico está desarrollada por el artículo 1° numeral 1.1 literal c) del Código del Consumidor que consagra el derecho de los consumidores a la protección [por parte del Estado] de sus intereses económicos.  Esto es lo que fundamenta su derecho a participar de las multas que pone Indecopi.

6 sept. 2017

Los bancos se aseguran, pero pagan los clientes.

Yonhy Lescano

El sueño de la casa propia implica para la gran mayoría de peruanos,  la necesidad de endeudarse con un banco a través de un crédito hipotecario. El promedio de plazo es cercano a los 20 años, y durante todo este período están obligados a pagar, dentro de sus cuotas mensuales,  dos clases de seguros :

El primer seguro, es el denominado “seguro de desgravamen”, para la eventualidad de que el deudor fallezca y haya un saldo de deuda, en cuyo caso el banco va a la empresa de seguros y ésta le reembolsa todo el crédito.

El segundo seguro, es el que se llama “seguro contra todo riesgo”, que el banco contrata con la aseguradora para que ésta, le indemnice el valor del inmueble cubierto con la hipoteca, si es que se produce algún siniestro que –por ejemplo-  afecte severamente  o destruya el bien hipotecado por efecto de un terremoto, una conmoción civil, una inundación, un incendio, etc. Pero la prima de este contrato, es decir, el pago mensual para mantener esta cobertura, lo realiza el cliente, mes tras mes y año tras año, hasta terminar de pagar la hipoteca. En otras palabras, el banco contrata una cobertura contra todo riesgo en su exclusivo beneficio, pero el costo se lo traslada al deudor hipotecario, en su cuota mensual. Se trata de una típica cláusula abusiva que prohíbe el Código del Consumidor pero que ahí está más viva y vigente que nunca, a vista y paciencia de la SBS y de INDECOPI.

Se da el caso en que el cliente, por ejemplo,  ha pagado las cuotas correspondientes a 10 años, y le resta pagar otros 10 años de su crédito hipotecario; y acontece un incendio que destruye el departamento que viene pagando. Entonces, el banco activa el seguro “contra todo riesgo” a su favor, y la aseguradora le reembolsa el saldo de crédito. El banco no pierde nada. En cambio, el cliente, se queda sin departamento, pierde los pagos de 10 años que realizó, y encima, tiene que continuar pagando las cuotas de los otros 10 años que faltan pagar. Si quisiera que esto no pase, tendría que contratar por su cuenta un nuevo seguro “contra todo riesgo”, esta vez en su beneficio, es decir, terminaría pagando este seguro dos veces, lo que seguramente no hace nadie. La solución está en acabar con el abuso de que los bancos contraten estos seguros a expensas de los deudores. Si quieren cobertura, que pongan de la suya.


¿Cuántos deudores están en este trance? Pues están 214,565 deudores hipotecarios al primer semestre de 2017.

31 ago. 2017

Una Ley de justicia para los jubilados

Yonhy Lescano

A julio de 2017  existen en trámite  92,778 juicios entre la ONP  y los afiliados, habiendo estos últimos sufrido 5,021 fallecimientos mientras litigaban, porque estos juicios duran en promedio más de cinco años. 

Del señalado universo de casi 93,000 procesos judiciales sobre pensiones en trámite, la propia ONP  ha identificado que hay 34,599 casos en los que podría allanarse  con autorización legal, o sea, el 37%. Sin embargo, considero que en  el 63% restante, podría también allanarse o desistirse, bajo criterios razonables que se establecieran por ley.  Por esto hemos presentado el Proyecto de Ley N° 1737/2017-CR de Desjudicialización de Pensiones de la ONP-“Ley de Justicia para los Jubilados” con fecha 3 de agosto de 2017, para que la ONP se allane, o se desista respecto del 100% de los procesos judiciales que mantiene contra los asegurados, y se les pague sus pensiones y sus devengados, sin más dilaciones.

La mayor parte de juicios son por el concepto de “devengados e intereses legales” (47,048 juicios); el segundo lugar lo ocupa el concepto de “otorgamiento de todo tipo de pensión” (23,316 juicios); y el tercer lugar es para el “reconocimiento de años de aporte” (13,299 juicios). En todos estos casos, se impone la regla de equidad y justicia de atender oportunamente el derecho constitucional a la pensión, aplicando el principio in dubio pro operario (interpretación a favor del trabajador en caso de duda).

No se justifican los juicios, por cuanto las pensiones promedio que se pagan son de S/ 415.96 (menos de la mitad de la Remuneración Mínima Vital),  e inclusive –actualmente-  hay 3,752  pensionistas que reciben una pensión inferior a los S/ 100.


Tampoco es racional ni eficiente pagar en estudios de abogados el monto  de S/ 167 Millones, que es lo que la ONP desembolsó por este concepto entre los años 2007 a mayo del 2017, para litigar con los  jubilados, pues esos recursos  podrían haber atendido las pensiones de alrededor de 35,000 pensionistas por 12 meses.