Ejercicio
abusivo de facultad de dirección de empleador
no se justifica ni dentro de la jornada de trabajo.
Constitución
prohíbe cualquier forma de restricción de la libertad personal, y cualquier forma de
violencia moral o psíquica.
El congresista Yonhy Lescano, Vicepresidente de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
del Parlamento, rechazó la pretensión de los empleadores de instalar
dispositivos con GPS en los celulares de los trabajadores con el objeto de
fiscalizarlos de un modo más efectivo. La modalidad es abiertamente
inconstitucional puesto que implica una invasión indebida en la privacidad e
intimidad de las personas. Se puede entender que se instalen sistemas GPS en
vehículos; pero no en los teléfonos móviles de las personas con la finalidad de
controlarlas, porque ello conlleva un ejercicio abusivo de la facultad de
dirección que tienen los empleadores, la que podría extenderse arbitrariamente fuera de la jornada de trabajo, y hasta
cuando el trabajador está en su domicilio.
Lescano dijo que llama la atención que el
Ministerio de Trabajo acepte esta clase de flexibilización en la interpretación
de la legislación laboral, particularmente en lo concerniente a los alcances de
la facultad de dirección del empleador, permitiendo que éste pueda usar el GPS con sus trabajadores en el
horario de trabajo. En realidad, ni siquiera en éste caso se justifica, porque
implica un “acoso laboral” contra el
trabajador, lo que a su vez también es inconstitucional porque atropella el
artículo 24 incisos b) y h) de la
Constitución que prohíbe cualquier forma de
restricción de la libertad
personal, y cualquier forma de violencia moral o psíquica.
De otro lado, cuando el empleador asigna
teléfonos celulares a sus trabajadores, no puede darlos con sistemas GPS
instalados, y no puede obligar al trabajador a aceptar esta condición; menos
aún podría exigir que se instalen GPS en sus celulares privados. Todas esas
situaciones son abiertamente ilegales, y deben ser denunciadas por los
afectados.
El parlamentario dijo que hará citar al
Ministro de Trabajo al Parlamento para que explique las diversas denuncias
presentadas por sindicatos en torno a esta medida de uso indebido de la
tecnología móvil.
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