Ministerio
de Trabajo ni Sunafil intervienen para evitar práctica antilaboral
Empresa
que presta “servicio” cobra S/. 25 por celular monitoreado, sin límite de monitoreados.
El congresista Yonhy Lescano, Vicepresidente de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
del Parlamento, denunció que la empresa Movistar está ofreciendo a las
empresas un servicio de GPS denominado “AQUÍ ESTOY” que permite a los
empleadores espiar a sus trabajadores en tiempo real. El servicio es presentado
por el grupo español como una forma de supervisar a los trabajadores, y su
rendimiento; sin embargo pasa por alto que está atropellando expresos derechos
constitucionales, tales como el derecho a la intimidad contenido en el artículo
2° inciso 7 de la Constitución; y el derecho a que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador” consagrado
en el artículo 23° de la Carta Magna.
El parlamentario agregó que el uso del GPS que
ofrece Movistar a las empresas es generalizado, pues si bien pone en sus
ejemplos de aplicación los casos de los vendedores, visitadores y personal
delivery, también señala expresamente en su publicidad que es para “colaboradores en general”, tarificando
este servicio de GPS en los celulares de los trabajadores, con el monto de S/.
25 por celular monitoreado (“sin límite
de monitoreados” según la publicidad de la empresa).
La violación de la privacidad de los
trabajadores aparece con claridad cuando advertimos que el servicio GPS
ofrecido por Movistar, genera reportes, alertas de llegada y salida, y récords
históricos de posiciones, respecto de la ubicación exacta del trabajador en
todo momento, con lo cual éste se sentirá acosado y controlado todo el tiempo,
inclusive fuera de la jornada de trabajo.
Lescano dijo que el Ministerio de Trabajo y
SUNAFIL ya deberían haber sancionado a Movistar por estar promoviendo un
servicio de espionaje en perjuicio de los trabajadores de las empresas,
atropellando normas constitucionales.
Debería prohibirse y sancionarse que en los
contratos de trabajo, se inserten cláusulas que permitan a las empresas usar
estos dispositivos tecnológicos, que invaden el espacio privado de los
trabajadores.
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