Sin embargo pensiones son de hasta S/. 3,700 mensuales
60 universidades o tienen ninguna
acreditación de calidad.
El
congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, señaló que la calidad del
servicio educativo de la mayoría de universidades es baja; sin embargo, en el
caso de las universidades privadas, éstas no dejan de incrementar sus
pensiones. Varias de ellas cobran pensiones
superiores a los S/. 3,000
mensuales, fuera de los cobros por derecho de admisión (S/. 300 en
promedio), derecho de matrícula (S/. 350 en promedio) seguro contra accidentes,
libros o materiales de enseñanza obligatorios editados por la universidad,
derechos administrativos, entre otros. Frente a esto no suele haber un servicio
educativo acreditado que justifique estos montos, y menos los incrementos. En efecto, al 30 de abril del 2015 hay apenas 43 carreras acreditadas a nivel
nacional (por tres años en cada caso) de un total de alrededor de 1,743
carreras que ofrecen 77 universidades
institucionalizadas; sin embargo el total de universidades en funcionamiento
asciende a 137 (51 son públicas, y 86 son privadas). Es decir, hay otras 60
universidades, que están funcionando, pero que no son objeto de ninguna acreditación,
porque están en proceso de institucionalización.
Los
resultados de la educación universitaria son muy pobres : En el Ranking Mundial Shanghai de las TOP 500
UNIVERSIDADES, no aparece ninguna universidad peruana dentro de las 10
universidades latinoamericanas que figuran en este ranking. En el Ranking QS (QUACQUARELLI SYMONDS) 2013,
tampoco aparece ninguna universidad peruana dentro de las 500 primeras de la
lista. La situación es más grave, si consideramos que a partir del puesto 127,
aparecen algunas universidades de Brasil, México, Chile, y Argentina. A nivel
de América Latina, en el Ranking QS 2013, dentro de los primeros 74 puestos,
sólo aparecen tres universidades peruanas, no obstante que en el Perú existen
137 de estas instituciones.
Por
consiguiente, no hay justificación para que las universidades privadas cobren
pensiones onerosas, y menos para que las estén aumentando todos los ciclos, por
cuanto no hay proporcionalidad entre el costo del servicio educativo y el nivel
de calidad del mismo, salvo muy contadas
excepciones. Esto es algo que debería ser fiscalizado por el Indecopi, en su
calidad de Autoridad Nacional de Consumo, velando porque se cumpla el artículo
73 del Código de Defensa del Consumidor que dispone que el proveedor de
servicios educativos debe asegurar la calidad del servicio; sin embargo esta
entidad brilla por su ausencia.
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difusión.
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